Del recurso ante el propio Supremo al camino del Constitucional y Europa.
La decisión del juez Llarena y de la Sala de lo Penal del Supremo de no aplicar la amnistía ni al expresident catalán Carles Puigdemont ni a otros líderes del procés les aboca a recurrir ante el propio tribunal antes de abrir la vía del Constitucional, sin descartar acudir a la Justicia europea.
Antonio Jiménez analiza este peliagudo tema junto a sus colaboradores, empezando por Francisco Rosell, director de 'VozPópuli'.
La decisión del juez Llarena y de la Sala de lo Penal del Supremo de no aplicar la amnistía ni al expresident catalán Carles Puigdemont ni a otros líderes del procés les aboca a recurrir ante el propio tribunal antes de abrir la vía del Constitucional, sin descartar acudir a la Justicia europea.
El Supremo ha actuado este lunes en los dos procedimientos. Llarena ha rechazado perdonar el delito de malversación que atribuye a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig y ha acordado mantener vigentes sus órdenes nacionales de detención.
Al mismo tiempo, la Sala tampoco aplica la amnistía al exvicepresident Oriol Junqueras y a los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, condenados a penas de inhabilitación, ya que considera que la malversación no se puede perdonar en esta causa.
En cuanto a la desobediencia, la Sala ha acordado promover cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y Llarena ha dado diez días a las partes para que aleguen sobre la pertinencia de plantear lo mismo ante la corte de garantías por este delito.
Ahora bien, las decisiones de Llarena y la Sala son recurribles, como recuerdan ambas partes en sus respectivos autos, conocidos hoy.
Contra el fallo del magistrado se puede interponer un recurso de reforma y subsidiario de apelación, en el plazo de tres días a partir de la fecha de notificación.
Solo así los lideres independentistas pueden presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando la vulneración de sus derechos fundamentales y que, a su vez, es un requisito para recurrir a Europa si no les dan la razón.
Porque siempre cabe la opción de acudir ante la Justicia europea, en cuyo caso corresponde al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es el competente para estudiar las vulneración a los derechos fundamentales, una vía que tanto los condenados como los procesados por el procés han utilizado ya en el pasado.
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