Hubo un tiempo en que las sentencias decían algo así: “se han cumplido todos los plazos procesales excepto el de dictar sentencia por la carga de trabajo que pesa sobre este juzgado”.
Ya no lo veo, quizá porque nada justifica que los plazos sean implacables solo para los abogados, aunque quizá debería volver a ponerse la “coletilla” para que así los ciudadanos puedan conocer el motivo del retraso y poder reclamar por ello, porque no debemos aceptar la “normalidad” de esos retrasos.
Ya sé que el TC tiene declarado que los retrasos judiciales son “deficiencias estructurales” y como tales no reclamadles, algo que ampara al Ministerio de Justicia para no indemnizar. ¿Debe impedir esto que se reclame? A mi juicio, no. Hay que reclamar.
El derecho fundamental a un proceso con todas las garantías tiene como finalidad el cumplimiento de los plazos a fin de evitar dilaciones innecesarias y paliar la desigualdad de las partes.
El cumplimiento de los plazos en un proceso judicial no es una exigencia solo para los abogados que, en caso de incumplirlos deberán responder de los daños y perjuicios causados a su cliente. No sirve que el abogado excuse que “tenía mucho trabajo y pocos medios cuando no atendió el plazo”, en igual medida debe ocurrir con la Administración de Justicia, porque esas “deficiencias estructurales” que se excusan para no indemnizar al ciudadano no están contempladas en las leyes que establecen los plazos para admitir una demanda, o señalar un juicio o dictar sentencia. No se debe ver como normar lo que no lo es.
O se cambian las leyes o se indemniza, pero la balanza de la Justicia no puede estar desequilibrada y favorecer a una Administración de Justicia que incumple sus propios plazos.
Pero es cierto, nos encontraremos ante un “laberinto judicial” al iniciar la reclamación, pues aunque la CE proclama el derecho a obtener una indemnización a cargo del Estado por los daños causados por el funcionamiento anormal de la administración de justicia, la deficiente regulación legal obliga al ciudadano a iniciar un largo y costoso camino administrativo y judicial para obtener el efectivo reconocimiento a su derecho.
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