El principio de legalidad aplicado a la Administración Pública: significa que las instituciones del Estado y los empleados públicos solo pueden actuar cuando la ley expresamente los habilita.
Se le conoce también como "principio de legalidad administrativa" y "principio de juridicidad".
Se encuentra regulado en el art. 86 de la Constitución de El Salvador:
" Art. 86.- El poder público emana del pueblo. Los órganos del Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las Leyes. Las atribuciones de los órganos del Gobierno son indelegables, pero éstos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas.
Los órganos fundamentales del Gobierno son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la Ley".
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