Para Álvaro García Linera, presidente en ejercicio del Estado Plurinacional de Bolivia, la decisión del gobierno de Brasil de otorgar asilo político al senador de la oposición Roger Pinto, quien se encuentra en calidad de abrigado en las instalaciones de la embajada del vecino país, a la espera del salvoconducto que le permita salir de Bolivia, fue desatinada.
En conferencia de prensa, García Linera indicó que existen denuncias por delitos de asesinato de dirigentes indígenas en la masacre del Porvenir, hechos de corrupción por el mal uso de recursos públicos, injurias contra autoridades gubernamentales, delito enmarcado en la tipificación jurídica del desacato y no por sus ideas o por estar en la oposición.
"Considero que es una decisión desatinada la que ha asumido el gobierno del Brasil, de otorgar asilo a una persona que acá en Bolivia está acusado no por sus ideas, sino por delitos de asesinato por la masacre del Porvenir, pero por otro lado está acusado de un mal uso, un uso corrupto de recursos públicos, es una persona acusada por delitos comunes, por daño económico al Estado", sostuvo García.
Por otro lado, el segundo mandatario aseguró que para no entorpecer las investigaciones, su autoridad y la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción decidieron desistir del proceso que iniciaron contra Pinto por el presunto delito de desacato.
García Linera indicó que se propuso a la Asamblea Legislativa Plurinacional modificar el artículo del Código Penal que refiere al delito de desacato.
"Para no entorpecer nada, tanto la ministra Nardy Suxo como yo, en mi calidad de Vicepresidente, estamos desistiendo de esas acusaciones, de esas mentiras y calumnias; y se está proponiendo un debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se modifique ese artículo del Código Penal. Ustedes saben que la tontera se puede aceptar, pero no la infamia, no la mentira", aseveró el Vicepresidente.
Mediante un comunicado, el pasado 8 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil oficializó la otorgación de asilo político solicitada por el senador boliviano Roger Pinto. La Cancillería del Estado deberá facilitar el salvoconducto para que el parlamentario sea trasladado al vecino país sin que sea detenido por la policía nacional por los procesos que existen en su contra.
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